El debate público sobre la corrupción suele enfocarse, con razón, en la investigación de los hechos y la condena de los responsables. Sin embargo, existe una pregunta posterior que resulta fundamental para la salud de la República: ¿Qué sucede con los bienes que son producto directo de esos delitos?
El mecanismo legal del "decomiso" es la herramienta que posee el Estado para recuperar dichos activos. Pero, ¿es suficiente con recuperarlos? ¿Cómo se asegura el sistema de que esos fondos, que en última instancia pertenecen a la sociedad, retornen a ella en forma de una "reparación social" tangible?
El camino de los bienes recuperados de la corrupción es complejo, y está plagado de desafíos procesales y debates doctrinarios sobre su destino final. En un reciente artículo publicado en mi perfil de LinkedIn, analizo la ruta legal de estos activos, el concepto de decomiso y el fin social que deberían perseguir.
Lo invito a leer el análisis completo y a profundizar en esta discusión crucial.
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