La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner está transitando uno de los momentos más difíciles de su situación procesal en el juicio oral y público de la llamada causa Vialidad que la tiene como principal acusada. La ex jefa de Estado está siendo juzgada por los contratos de obra pública con que favoreció al grupo empresario de Lázaro Báez.
Desde hace dos semanas los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola vienen desarrollando sus alegatos en los que explican con minuciosa rigurosidad cada una de las pruebas colectadas en la investigación. El cúmulo probatorio es abrumador y el temperamento mostrado por los fiscales permite anticipar que en la última jornada de alegatos pedirán una pena de prisión para Cristina Fernández de Kirchner.
A continuación, algunas claves para entender esta causa judicial que puede culminar con una sentencia condenatoria para la jefa del kirchnerismo.
1. Cómo se inició la causa
- La causa es conexa a la 15.734/2008 iniciada por la denuncia de Elisa Carrió. En esa causa pidieron que se investigue a Néstor Kirchner, Julio De Vido y Lázaro Báez.
- Carrió hizo extensiva la denuncia a Austral Construcciones, Gotti, Kank y Costilla, Badial y Sucesores de Anselmo Biancalani. Las últimas 4 empresas mencionadas fueron adquiridas por Lázaro Báez quien no tenía ninguna experiencia en la ejecución de obras públicas.
- El 23 de diciembre de 2008 se le corrió vista al fiscal Gerardo Pollicita y éste formuló el requerimiento de instrucción circunscribiendo el objeto procesal. Pollicita expuso que los lineamientos consignados por los denunciantes describieron las estrechas relaciones personales y comerciales que tendrían entre sí los intervinientes, así como también el exponencial crecimiento en sus patrimonios, precisamente a partir de los vínculos establecidos. Los ilícitos habrían comenzado en 2003.
- En general se relacionaban con contratos de obra pública llevados adelante desde el Estado con un grupo reducido de empresas sin cumplir normas vigentes.
- Características: concentración económica, siempre las mismas empresas, escasa diferencia en las cotizaciones en las licitaciones, alternancia en las adjudicaciones y sobreprecios.
- Los denunciantes incorporaron posteriormente a CFK a la denuncia.
- También se incorporan las presentaciones que hizo Margarita Stolbizer en la causa 11.352/2014. De ahí surge que durante las presidencias de Néstor y Cristina diferentes funcionarios públicos y empresarios privados habrían conformado una asociación ilícita relacionada con la obra pública. La integraban José López, Lázaro Báez, Julio De Vido y Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional.
- El 22 de junio de 2016 se forman dos legajos para investigar presuntos desmanejos en la realización de la ruta nacional 3 y la ruta provincial 9 en Santa Cruz a partir de una denuncia que hizo el entonces administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad.
- El 3 de agosto de 2016 los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron la conexidad entre los actuados anteriores y la causa iniciada por la denuncia de Carrió, solicitud a la que hizo lugar el juez federal Julián Ercolini.
2. Cómo era la maniobra
Según la investigación la operatoria delictiva se edificaba sobre cuatro pilares fundamentales:
- La inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial. Es así que el 8 de abril de 2003 Lázaro Báez constituyó Austral Construcciones, unas pocas semanas antes de que asumiera Néstor Kirchner como Presidente de la Nación.
- La exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional. Designaron a empleados públicos de cercanos al matrimonio presidencial que los venían acompañando desde la intendencia de Río Gallegos: Julio De Vido, José López, Nelson Periotti y Carlos Kirchner, entre otros.
- La mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz. Esta provincia fue la más beneficiada por los contratos de obra pública.
- El direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos a favor de Lázaro Báez en detrimento de las arcas del Estado. Para que los fondos fueran a Báez se designó como jefe del distrito 23 de Vialidad de la provincia de Santa Cruz a Nelson Periotti.
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