En el corazón del debate público argentino, resurge periódicamente una pregunta fundamental para la salud de nuestras instituciones: ¿cuál es el verdadero alcance de las inmunidades parlamentarias? Cuando un legislador es imputado en una causa penal, la opinión pública a menudo percibe los "fueros" como un escudo de impunidad, pero la realidad jurídica es mucho más compleja y matizada.
Lejos de ser un privilegio personal, las inmunidades son garantías funcionales diseñadas para proteger la independencia del Poder Legislativo. Sin embargo, esta protección no paraliza a la Justicia. La legislación argentina establece una clara diferencia entre la inmunidad de arresto y la inmunidad de proceso. Esto significa que un juez no solo puede, sino que debe, iniciar y avanzar en una investigación contra un senador o diputado en ejercicio.
Pero, ¿hasta dónde puede llegar esa investigación sin solicitar un desafuero? ¿Qué medidas puede ordenar un juez? ¿Es posible llevar a un legislador a juicio oral mientras conserva su banca? Estas son las preguntas cruciales que definen el equilibrio entre la separación de poderes y el principio de igualdad ante la ley.
Para explorar el marco legal, las interpretaciones doctrinarias y la jurisprudencia que dan respuesta a estos interrogantes, lo invito a leer el análisis que publiqué en mi perfil profesional de LinkedIn.
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