“Me parece que es un código que para resolver casos sencillos es fantástico pero respecto del crimen organizado nos pone en una situación peor”, dijo el juez federal Ariel Lijo al referirse a la experiencia que vive a diario en su juzgado desde la implementación del Código Procesal Penal Federal. El magistrado participó de un encuentro organizado por el Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional (COT) del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).
En el evento expusieron además de Lijo, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Juan Carlos Gemignani; el ex juez de ese tribunal, Eduardo Riggi; y el fiscal de la Cámara Federal de Casación, Raúl Pleé. La reunión fue coordinada por la ex jueza de Casación, Liliana Catucci, las primeras palabras estuvieron a cargo de Juan Félix Marteau, director del COT y contó con la presencia del Presidente del Comité Ejecutivo del CARI, José Octavio Bordón.
El ex juez Riggi señaló que una de las problemáticas que se ha desatendido en su implementación es la relacionada con los costos económicos de este código. “Esto ha ocurrido porque hay una costumbre generalizada de propender a grandes reformas y no ver de dónde van a salir los fondos, y no estudiar y analizar la viabilidad.” Planteó que al implementarse el sistema acusatorio los juzgados no van a necesitar todo el personal que tienen en la actualidad. “Esa gente debería ser utilizada por las fiscalías”, dijo Riggi y agregó “hay que reordenar la cuestión y hacerla autosustentable.”
El ex magistrado señaló que por un lado el código establece que los jueces no deben retardar indebidamente alguna decisión pero se pusieron en vigencia en el ámbito federal artículos que disponen que sólo podrán ser ejecutadas sentencias firmes, un principio muy interesante -según Riggi- pero que viene a trastocar nuestra realidad ya que en algunos casos aún con sentencia de la Corte esos fallos no se pueden ejecutar y recién adquieren firmeza una vez que son revisados por tribunales internacionales.
“Esto no sólo afecta la soberanía nacional sino que pareciera que tiene un enderezamiento político muy reprochable y poco aceptable para quienes trabajamos en la tarea de implementar la ley y de aplicar el derecho penal a los culpables”, dijo Riggi.
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